Soy una funcionaria que siempre defendió la expresión “empleada pública”, incapaz de entender el follón de personal que tienen las administraciones. Oposité después de ejercer como trabajadora social más de 10 años entre empresas privadas, corporaciones de derecho público, entes promotores y asociaciones. Soy ya cuarentona y sólo hace 5 que trabajo como funcionaria.
Oposité por cansancio. El cansancio que produce empezar de nuevo cada vez, en proyectos con fecha de fin y sin continuidad. El cansancio que produce no saber si el siguiente empleo será peor, más temporal, peor pagado, si alcanzará para disfrutar vacaciones o si me las liquidarán. El cansancio que produce haber estudiado tanto (dos titulaciones universitarias terminadas y dos iniciadas) para trabajar sin ninguna continuidad, casi sin repercusión en la realidad social.
Me preparé las oposiciones como la superviviente de una derrota, dispuesta a ser una funcionaria gris, que consume el tiempo como los hombres grises de Momo. Pensaba, también yo, que lxs funcionarixs nacían con un gen vago, que sólo les encantaba desayunar y entregarse a las compras compulsivas en horario laboral. Me equivoqué, por lo menos en parte. Caí en un departamento en el que se trabajaba mucho y hasta con gusto. A pesar de que el régimen disciplinario no hay modo de aplicarlo ni aún cuando el jefe lo intenta: en personal no quieren. Tal vez empiecen por mi...
Un buen grupo de las compañeras, quienes ocupaban las jefaturas de servicio de delegación y de servicios centrales y hasta la delegada trabajábamos con interés y con vocación de ciudadanía aunque, es verdad, la realidad social quedaba muy lejos, allí, al otro lado del entramado administrativo. Trabajamos para acortar esa distancia. Pensaba que ser funcionaria era un entierro profesional y me encontré con lo contrario. Por primera vez podía trabajar con continuidad, con objetivos a medio plazo, sin precariedad en una profesión que me encanta, en la que tengo mucha experiencia y para la que estoy bien preparada.
Esto sólo puede pasar cuando quien encabeza una delegación no sólo gobierna con fines partidistas sino que ADMINISTRA. Se equivoque o no, no olvida que trabaja por el interés común. Desgraciadamente, quien tiene ésta tendencia y se obstina en ella permanece poco en el poder. “La casta” necesita gente que venga a hacer “política”, política mal entendida. De esa “política” que humilla la palabra original (o tal vez no tanto porque es verdad que los esclavos no eran ciudadanos y porque después de esto, seremos muchas más las personas con ciudadanía de 2ª)
Esto sólo puede ocurrir cuando cada quien asume, por lo menos, una parte de su responsabilidad. La de organizar equipos, la de conocer la realidad, la de relacionarse con las asociaciones, la de proponer mejoras, las que sean que le tocan.
Cuando la administración se aleja durante años de los intereses y las realidades de la ciudadanía en dirección al beneficio de sus dirigentes y con el consentimiento de sus obrer@s desemboca en este monstruo inmanejable.
Cuando la ciudadanía no ejerce sus derechos los pierde.
Esto es el resultado de una sociedad que opta por el tener individual muy por encima del tener común. Tal vez porque piensa que los bienes comunes no se pueden reducir. Tal vez porque piensa que los bienes comunes son para la gente pobre y nadie quiere serlo. En la época de la opulencia hemos dejado de exigir el bien común. Si la lista de espera para la operación de hemorroides era demasiado larga o, simplemente, nos ofrecía más “garantía”, nos íbamos a “la privada”, en lugar de exigir servicios públicos de calidad, que pagábamos con nuestros impuestos.
La sanidad pública se ha ido deteriorando por el interés exclusivo de nuestros dirigentes en el beneficio propio y mercenario del capital (las farmacéuticas), por la apropiación indebida de guantes de latex destinados a mil usos domésticos a manos de empleadxs públic@s, funcionarios o no. Y, sobre todo, por la no exigencia de la ciudadanía de servicios públicos de calidad. Pronto será historia el mejor servicio sanitario del mundo, que lo fue siendo PÚBLICO.
La ejecución de todo esto habrá sido cosa de “la casta” política, simples mequetrefes al servicio de otros intereses económicos que, como marcan las leyes del mercado mundializado, continúa ahora con la disminución de los estados sociales; a quienes les pone la notoriedad, sentirse importantes, creerse poderosos.
En este proceso sólo los servicios públicos pueden actuar de colchón contra la pobreza. Y en lugar de crear unos servicios públicos con vocación de ciudadanía, estos “gobernantes” ponen de saldo las ruinas de la administración (y su patrimonio) para estar un pasito más cerca de quienes son realmente poderosos pero invisibles. Es la recompensa por apadrinar bancos.
Claro, que de todo esto yo no puedo saber nada. Soy una inculta que no sabe interpretar las posibles consecuencias de un decreto inmoral, una hija de campesinos que después fueron obrero y “ama de casa” (o sea: todo), que abandonaron los horizontes limpios para que ellos, mis hermanos y yo pudiésemos sobrevivir, que me eximieron del trabajo con la única condición de que estudiase, que se alegraron más que yo cuando tuve “trabajo para toda la vida”, una hija de la educación pública con dos titulaciones universitarias, una funcionaria 35 horas semanales, una ciudadana las 24 del día. Una hija de la democracia que dejará por herencia un mundo peor que el que heredó. Una funcionaria cualquiera.
Eso es lo que ha pasado: que por no usar nuestro derecho de exigir servicios públicos de calidad los hemos perdido, que por no usar el derecho a participar lo hemos perdido, que por no usar nuestra obligación de proteger el interés común lo hemos perdido, que por no usar la libertad de expresión la hemos perdido, que por no.... A la vez, hemos permitido que los gobernantes no cumplan con sus obligaciones, abusen de sus derechos y de toda la ciudadanía. Por no valorar lo que teníamos no lo hemos usado ni cultivado. Eso significa “democracia formal” y ese es nuestro régimen político. CUANDO NO SE USAN, LOS DERECHOS SE PIERDEN. Cuando los usamos se ensanchan.
Fdo: in-defensa
Preocupados por el desmantelamiento del servicio público y la Administración Pública Andaluza
sábado, 27 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
El día 19... hubo susto silencioso en CEIC
En el día de hoy, 19 de noviembre de 2010, a las 9’00 horas, la nueva Directora General de Investigación, Tecnología y Empresa, ha tomado posesión en la sede central de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ante el equipo de gobierno de esta Consejería en pleno.
Los empleados públicos de esta Consejería, que nunca hemos sido invitados a estos actos protocolarios, hemos querido en esta ocasión sumarnos a tan emotivo momento ataviados con nuestro colores de guerra, (naranja, morado, blanco...) para hacer patente, frente a toda la plana mayor de esta Consejería, nuestro más absoluto rechazo al Decreto-Ley 5/2010, de reordenación del sector público.
Ha sido una protesta silenciosa, pero multitudinaria, como corresponde al saber estar y señorío de los empleados públicos, capaces de discernir en todo momento y situación, cuando procede pitada, y cuando protesta silenciosa.
Nuestro más absoluto silencio, por respeto a la persona que toma solemnemente posesión de su cargo público, ha continuado en el momento de los cómplices aplausos de quien todos nos imaginamos.
Terminado el acto solemne, los empleados públicos de esta Consejería de Economía, Innovación y Ciencia allí congregados, no nos hemos movido ni un milímetro de los lugares que habíamos ocupado, obligando al Consejero Antonio Ávila Cano a tener que pasar, con la cara un tanto descompuesta, entre una multitud silenciosa y digna de empleados públicos hartos de estar hartos, y cansados de que se insulte nuestra inteligencia día sí y día también desde el gobierno andaluz.
Una vez desaparecida la plana mayor, los funcionarios y empleados públicos, nos hemos vuelto a nuestros puestos de trabajo a seguir sirviendo de la mejor manera posible a los ciudadanos y ciudadanas andaluzas, que es por lo que luchamos.
Compañeros, hoy, puedo decir que me siento especialmente orgulloso de todos y cada uno de vosotras y vosotros.
reflexión de un compañero
No es sólo el decreto ley 5/2010. Con la excusa de la crisis y la supuesta necesidad de reducción del déficit público a través del recorte del gasto se suceden las medidas destinadas a reducir la relevancia del papel de los funcionarios en la administración.
En un país en el que los empresarios dicen ganar menos que sus empleados, donde la economía sumergida se cifra en un 16% del PIB y son alarmantemente frecuentes los casos de políticos corruptos, curiosamente la peor reputación la tienen los funcionarios, hasta el punto de que el 45% de la población se alegra de que nos bajen el sueldo. Se culpa de los defectos de funcionamiento de la administración a sus trabajadores que acceden a su puesto de trabajo por sistemas objetivos de selección, en lugar de a la cúpula directiva a la que no se exige capacidad ni conocimientos, que tiene la responsabilidad de dirigir la administración y dispone de los mecanismos legales para asegurar el cumplimiento de las normas.
La sociedad desconoce la importancia del papel de la función pública como garante de la legalidad y la independencia de la administración. Tampoco es consciente del alcance de la motivación que los dirigentes políticos puedan tener en poder designar y cesar discreccionalmente a la mayor parte posible de sus subordinados.
En este contexto, los legítimos esfuerzos de los funcionarios por defender nuestros derechos laborales son percibidos como la defensa de la perpetuación de una situación de privilegio. Por tanto, es imprescindible que esta movilización se concentre en transformar la percepción que la sociedad tiene de nuestra función y que cuidemos mucho cómo transmitimos el mensaje para evitar tergiversaciones y acciones que provoquen rechazo social.
Lo estamos haciendo bastante bien, pero en esto necesitamos rozar la perfección.
Juan.
viernes, 19 de noviembre de 2010
Caña al funcionari@
¡Ya está bien! Ya han pasado demasiados años de pervivencia de una clase cuya única obligación ineludible es asistir a su puesto de trabajo con estricto respeto del horario establecido, cuyo desempeño de las funciones encomendadas no se refleja en su sueldo más allá de un magro complemento de productividad, cuya estabilidad laboral está garantizada mientras que otros de mayor valía, preparación y diligencia rebotan de un trabajo mileurista y temporal a otro.
Hay que darle caña a los funcionarios, hay que hacer que desempeñen la labor que les ha sido encomendada, que se ganen el sueldo y que se esfuercen por mantener su puesto de trabajo. !Si señor¡.
Pero como todas las cosas, hay que hacerlas con mesura. Mi sobrino necesitaba una bicicleta nueva porque la que tenía se había averiado. Cuando fui a verla, la bicicleta solo estaba sucia y tenía una rueda pinchada; en realidad, mi sobrino se había encaprichado de otra bicicleta. Hay adultos, con ciclópeas responsabilidades sobre sus hombros, que están comportándose como niños de 12 años.
Para meter a los funcionarios en vereda no hace falta que dejen de ser funcionarios, basta con aplicar la legislación; una legislación que define exactamente los cometidos, las responsabilidades y las medidas correctoras y disciplinarias oportunas. Una legislación que no se está aplicando. No. No nos hace falta nueva normativa, solo nos hace falta aplicar la que existe con rigor; expedientar y sancionar a quien proceda, premiar a quien trabaje bien y no repartir el complemento de productividad por aspersión. Hay que llevar la administración como una empresa, si, como una empresa. Como. Orientarse a objetivos, aplicar incentivos y correctivos, buscar la eficacia y la eficiencia, racionalizar el gasto. Como en una buena empresa.
Pero para comportarse como una empresa no hace falta convertirse en una empresa, lo mismo que para comer sushi no hace falta nacionalizarse japonés. Tomemos lo mejor de las prácticas empresariales y apliquémoslo a la administración, pero sin ceder a empresas de nuevo cuño las funciones de la administración.
¿Porqué no? ¿Para qué quedarnos en medias tintas?
Porque la función pública no es una herencia decimonónica propia de un país tercermundista. No, la función pública es una necesidad reconocida y consagrada en la propia Constitución; no para otorgar prebendas a zánganos, sino para garantizar que unas personas, dotadas de una particular independencia,velan por el cumplimiento de la ley en el funcionamiento de la administración. Gentes que obedecen primero a la normativa y luego, si procede, a sus jefes. Gentes con responsabilidad sobre los actos que ejecutan en nombre de lo público. Gentes que no pueden decir que hicieron algo porque se lo mandó su jefe y lo que el jefe dice va a misa.
¿Y tan peligroso es hacer lo que dice “el jefe”?
Según sea el jefe. Pero presuponer buena fe, competencia, conocimiento, capacidad y juicio, todo a la vez y en un político, es de una ingenuidad extrema. No quiero decir que no existan políticos honrados, capaces e inteligentes, pero si afirmo que el porcentaje de tales bendiciones de los cielos dista mucho del ciento por ciento; hay que tomar medidas. Esas medidas, en el sistema de gobierno que nos dimos con la Constitución reposan, en una primera línea en los funcionarios; luego están el control parlamentario, el defensor del pueblo y los tribunales, pero todo ello a posteriori, cuando la faena está hecha.
El funcionariado es la primera línea de defensa ante el neófito que llega al cargo henchido de energía, ideas innovadoras y magníficas intenciones, pero carente de experiencia e ignorante del marco legal que lo rodea, ante el que sabe muy bien que es lo que quiere hacer, pero no conoce o no quiere reconocer los límites de lo que debe hacer. No se trata de un corsé formalista, sino de un amortiguador que permite la colaboración entre los que provienen del mundo de las voluntades y de la política y los que instrumentan las actuaciones de la administración en el mundo de lo posible, técnica y legalmente.
Una administración convertida en empresa, sin las particulares obligaciones de legalidad y garantías de independencia de los funcionarios, permite que imperen principio distintos de los que la Constitución infunde a la administración pública, que las prioridades difieran cada vez más de los intereses públicos. Esto sí que puede ser un terreno abonado para la arbitrariedad y el dispendio, mucho más allá de lo que puedan ser las supuestas prebendas de los funcionarios.
Si de algo sirve mi experiencia en la administración es para saber que mucho más nos cuesta la megalomanía, la autosuficiencia y el empecinamiento de un directivo descontrolado que la desidia de mil funcionarios. Me ofende la actitud de algunos de mis compañeros; sin lugar a duda, ¡caña al funcionario! Pero que nadie se engañe, más ovejas mata el pastor que el lobo.
J. Conde
Hay que darle caña a los funcionarios, hay que hacer que desempeñen la labor que les ha sido encomendada, que se ganen el sueldo y que se esfuercen por mantener su puesto de trabajo. !Si señor¡.
Pero como todas las cosas, hay que hacerlas con mesura. Mi sobrino necesitaba una bicicleta nueva porque la que tenía se había averiado. Cuando fui a verla, la bicicleta solo estaba sucia y tenía una rueda pinchada; en realidad, mi sobrino se había encaprichado de otra bicicleta. Hay adultos, con ciclópeas responsabilidades sobre sus hombros, que están comportándose como niños de 12 años.
Para meter a los funcionarios en vereda no hace falta que dejen de ser funcionarios, basta con aplicar la legislación; una legislación que define exactamente los cometidos, las responsabilidades y las medidas correctoras y disciplinarias oportunas. Una legislación que no se está aplicando. No. No nos hace falta nueva normativa, solo nos hace falta aplicar la que existe con rigor; expedientar y sancionar a quien proceda, premiar a quien trabaje bien y no repartir el complemento de productividad por aspersión. Hay que llevar la administración como una empresa, si, como una empresa. Como. Orientarse a objetivos, aplicar incentivos y correctivos, buscar la eficacia y la eficiencia, racionalizar el gasto. Como en una buena empresa.
Pero para comportarse como una empresa no hace falta convertirse en una empresa, lo mismo que para comer sushi no hace falta nacionalizarse japonés. Tomemos lo mejor de las prácticas empresariales y apliquémoslo a la administración, pero sin ceder a empresas de nuevo cuño las funciones de la administración.
¿Porqué no? ¿Para qué quedarnos en medias tintas?
Porque la función pública no es una herencia decimonónica propia de un país tercermundista. No, la función pública es una necesidad reconocida y consagrada en la propia Constitución; no para otorgar prebendas a zánganos, sino para garantizar que unas personas, dotadas de una particular independencia,velan por el cumplimiento de la ley en el funcionamiento de la administración. Gentes que obedecen primero a la normativa y luego, si procede, a sus jefes. Gentes con responsabilidad sobre los actos que ejecutan en nombre de lo público. Gentes que no pueden decir que hicieron algo porque se lo mandó su jefe y lo que el jefe dice va a misa.
¿Y tan peligroso es hacer lo que dice “el jefe”?
Según sea el jefe. Pero presuponer buena fe, competencia, conocimiento, capacidad y juicio, todo a la vez y en un político, es de una ingenuidad extrema. No quiero decir que no existan políticos honrados, capaces e inteligentes, pero si afirmo que el porcentaje de tales bendiciones de los cielos dista mucho del ciento por ciento; hay que tomar medidas. Esas medidas, en el sistema de gobierno que nos dimos con la Constitución reposan, en una primera línea en los funcionarios; luego están el control parlamentario, el defensor del pueblo y los tribunales, pero todo ello a posteriori, cuando la faena está hecha.
El funcionariado es la primera línea de defensa ante el neófito que llega al cargo henchido de energía, ideas innovadoras y magníficas intenciones, pero carente de experiencia e ignorante del marco legal que lo rodea, ante el que sabe muy bien que es lo que quiere hacer, pero no conoce o no quiere reconocer los límites de lo que debe hacer. No se trata de un corsé formalista, sino de un amortiguador que permite la colaboración entre los que provienen del mundo de las voluntades y de la política y los que instrumentan las actuaciones de la administración en el mundo de lo posible, técnica y legalmente.
Una administración convertida en empresa, sin las particulares obligaciones de legalidad y garantías de independencia de los funcionarios, permite que imperen principio distintos de los que la Constitución infunde a la administración pública, que las prioridades difieran cada vez más de los intereses públicos. Esto sí que puede ser un terreno abonado para la arbitrariedad y el dispendio, mucho más allá de lo que puedan ser las supuestas prebendas de los funcionarios.
Si de algo sirve mi experiencia en la administración es para saber que mucho más nos cuesta la megalomanía, la autosuficiencia y el empecinamiento de un directivo descontrolado que la desidia de mil funcionarios. Me ofende la actitud de algunos de mis compañeros; sin lugar a duda, ¡caña al funcionario! Pero que nadie se engañe, más ovejas mata el pastor que el lobo.
J. Conde
CRÓNICA DE TORRETRIANA 18/11
TORRE TRIANA BIS!!
Y seguimos sumando!! Para el día de hoy estaba convocada la Mesa General de Negociación Sindical en Torre Triana, a las 17.00 horas. Se jugó al despiste durante buena parte de la mañana sobre el lugar donde se celebraría la misma y al final la bronca y la incertidumbre acabó con desalojo de trabajadores de la 6º y 7ª planta de Torretriana a las 14.00 horas. No sólo el escenario quedaba claro sino también las formas, policía y porra sería el lenguaje de la Administración y los sindicatos pactistas durante toda la jornada.
El cierre del edificio se completó con desprecio al ciudadano, al que se negó sistemáticamente el acceso al registro de tres consejerías.
Centenares de funcionari@s nos atrincheramos dentro y conseguimos a tirones ayudar a compañer@s de otras Consejerías que consiguieron entrar en el edificio. Así pertrechados y entre canticos como “Esta si que es una Plataforma”, “No nos representan”, “hacen falta ya sindicatos de verdad” o el himno de Andalucía, impedimos la entrada de los vehículos oficiales de l@s asistentes al acto que sólo pudieron entrar fuertemente escoltados por la policía. Suponemos que si la escasa vergüenza que atesoran les dejó saludarse, algo más les costaría escucharse porque Torretriana atronaba con pitos y cantos.
El cúmulo de irregularidades: cierre patronal, privación del derecho de acceso a un centro público, cierre del registro, bloqueo de las salidas de emergencia, evidencian el acorralamiento al que estamos consiguiendo someter al gobierno andaluz.
Esto no acaba aquí, el sábado nos hemos emplazado a las 12.00h en el palacio de San Telmo para además de dejarle un recado a Griñán arrancar con las BIC (Brigadas de Información Ciudadana) de la PEPA. El objetivo dejar claras nuestros reclamos y objetivos:
Derogación del Decreto 5/2010
Por unos servicios 100x100 públicos y de calidad
Por la despolitización de la Administración Pública
Contra la venta del patrimonio de la Junta de Andalucía
Algunos videos de la tarde:
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/videos/1290107160.html
http://www.elmundo.es/elmundo/andalucia.html
Y seguimos sumando!! Para el día de hoy estaba convocada la Mesa General de Negociación Sindical en Torre Triana, a las 17.00 horas. Se jugó al despiste durante buena parte de la mañana sobre el lugar donde se celebraría la misma y al final la bronca y la incertidumbre acabó con desalojo de trabajadores de la 6º y 7ª planta de Torretriana a las 14.00 horas. No sólo el escenario quedaba claro sino también las formas, policía y porra sería el lenguaje de la Administración y los sindicatos pactistas durante toda la jornada.
El cierre del edificio se completó con desprecio al ciudadano, al que se negó sistemáticamente el acceso al registro de tres consejerías.
Centenares de funcionari@s nos atrincheramos dentro y conseguimos a tirones ayudar a compañer@s de otras Consejerías que consiguieron entrar en el edificio. Así pertrechados y entre canticos como “Esta si que es una Plataforma”, “No nos representan”, “hacen falta ya sindicatos de verdad” o el himno de Andalucía, impedimos la entrada de los vehículos oficiales de l@s asistentes al acto que sólo pudieron entrar fuertemente escoltados por la policía. Suponemos que si la escasa vergüenza que atesoran les dejó saludarse, algo más les costaría escucharse porque Torretriana atronaba con pitos y cantos.
El cúmulo de irregularidades: cierre patronal, privación del derecho de acceso a un centro público, cierre del registro, bloqueo de las salidas de emergencia, evidencian el acorralamiento al que estamos consiguiendo someter al gobierno andaluz.
Esto no acaba aquí, el sábado nos hemos emplazado a las 12.00h en el palacio de San Telmo para además de dejarle un recado a Griñán arrancar con las BIC (Brigadas de Información Ciudadana) de la PEPA. El objetivo dejar claras nuestros reclamos y objetivos:
Derogación del Decreto 5/2010
Por unos servicios 100x100 públicos y de calidad
Por la despolitización de la Administración Pública
Contra la venta del patrimonio de la Junta de Andalucía
Algunos videos de la tarde:
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/videos/1290107160.html
http://www.elmundo.es/elmundo/andalucia.html
jueves, 18 de noviembre de 2010
También la web grita.
Sí, grita y a pleno pulmón, grita tanto que sólo hace eso, gritar.
Información y respuestas útiles no ofrece ni una y es que cualquier lectura que se haga de ella conduce a una serie de preguntas que no responde en ningún sitio (ni ofrece enlace alternativo. ¡Faltaría más! para que os enteréis, estarán diciendo autocomplacidos sus creadores). Vean por ejemplo el apartado de Preguntas y Respuestas, o ese otro de Introducción, o... pero perdonen, se me olvidaba decir que la web versa sobre el Decreto-Ley “por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público” y el sitio es:
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/spa/
Aburridillo el asunto ¿verdad?, cierto, pero es que nos afecta y mucho a todos los que vivimos en Andalucía.
La web, junto al decreto, grita confusión, grita urgencia mal enfocada y peor resuelta, grita preguntas obvias como puños que ellos se hacen ya que ellos adoran la respuesta, grita no me preguntes nada que realmente te interese como afectado. Pero lo peor son sus gritos de silencio, horribles y pertinaces silencios.
Además la web se viene a sumar con sus silencios a los del decreto y peor aún, a los de nuestros dirigentes políticos, de consejeros y consejeras y hasta a los del propio presidente. Y aunque hay silencios de diverso calado hay uno que clama respuesta clara y es el silencio que sigue a “y los andaluces y andaluzas ¿en qué, cómo y cuándo vamos a mejorar con estas normas? eso sí, por favor, concreten algo más que con lo de mayor racionalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, innovación, buena gobernanza, etc.”.
Y no es que estos principios no sean magníficos o no existan, es que ya están en los normas y bases de las administraciones públicas. Si lo que necesitan son modificaciones háganlas ahí, si no se han aplicado hasta ahora aplíquenlos desde ahora ahí, si se precisan otros nuevos créenlos ahí, si han de eliminarse algunos quítenlos ahí. Hagan todo eso y más en la administración de la Junta de Andalucía para mejorarla en su funciones ya que si optan por generar previamente un ‘tótum revolútum’ de consejerías y agencias, de competencias que vienen y van, de empleados a los que “se les posibilita sin obligar”, de servicios dispersos y difuminados, de políticas y leyes confusas lo que conseguirán será generar una mala herencia en lugar de un mejor futuro.
Señor Presidente, no deje al futuro de los andaluces y andaluzas esta mala herencia, no se limiten a decir lo que no les pasará a los empleados públicos a raíz del decreto, por favor actúe y diga alto y claro en qué, cómo y cuándo vamos a mejorar los andaluces y andaluzas, todos veríamos como los silencios que grita esa web y ese decreto callan y nos abren espacio para luchar por un mejor futuro.
A.G. Lorite
Información y respuestas útiles no ofrece ni una y es que cualquier lectura que se haga de ella conduce a una serie de preguntas que no responde en ningún sitio (ni ofrece enlace alternativo. ¡Faltaría más! para que os enteréis, estarán diciendo autocomplacidos sus creadores). Vean por ejemplo el apartado de Preguntas y Respuestas, o ese otro de Introducción, o... pero perdonen, se me olvidaba decir que la web versa sobre el Decreto-Ley “por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público” y el sitio es:
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/spa/
Aburridillo el asunto ¿verdad?, cierto, pero es que nos afecta y mucho a todos los que vivimos en Andalucía.
La web, junto al decreto, grita confusión, grita urgencia mal enfocada y peor resuelta, grita preguntas obvias como puños que ellos se hacen ya que ellos adoran la respuesta, grita no me preguntes nada que realmente te interese como afectado. Pero lo peor son sus gritos de silencio, horribles y pertinaces silencios.
Además la web se viene a sumar con sus silencios a los del decreto y peor aún, a los de nuestros dirigentes políticos, de consejeros y consejeras y hasta a los del propio presidente. Y aunque hay silencios de diverso calado hay uno que clama respuesta clara y es el silencio que sigue a “y los andaluces y andaluzas ¿en qué, cómo y cuándo vamos a mejorar con estas normas? eso sí, por favor, concreten algo más que con lo de mayor racionalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, innovación, buena gobernanza, etc.”.
Y no es que estos principios no sean magníficos o no existan, es que ya están en los normas y bases de las administraciones públicas. Si lo que necesitan son modificaciones háganlas ahí, si no se han aplicado hasta ahora aplíquenlos desde ahora ahí, si se precisan otros nuevos créenlos ahí, si han de eliminarse algunos quítenlos ahí. Hagan todo eso y más en la administración de la Junta de Andalucía para mejorarla en su funciones ya que si optan por generar previamente un ‘tótum revolútum’ de consejerías y agencias, de competencias que vienen y van, de empleados a los que “se les posibilita sin obligar”, de servicios dispersos y difuminados, de políticas y leyes confusas lo que conseguirán será generar una mala herencia en lugar de un mejor futuro.
Señor Presidente, no deje al futuro de los andaluces y andaluzas esta mala herencia, no se limiten a decir lo que no les pasará a los empleados públicos a raíz del decreto, por favor actúe y diga alto y claro en qué, cómo y cuándo vamos a mejorar los andaluces y andaluzas, todos veríamos como los silencios que grita esa web y ese decreto callan y nos abren espacio para luchar por un mejor futuro.
A.G. Lorite
miércoles, 17 de noviembre de 2010
lunes, 15 de noviembre de 2010
50.000 gracias
Por asistir
Por tu energia
Por tu defensa del servicio público
Por hacer del sábado un día festivo
50.000 GRACIAS
Por tu energia
Por tu defensa del servicio público
Por hacer del sábado un día festivo
50.000 GRACIAS
lunes, 8 de noviembre de 2010
Frente a la defensa del Acuerdo de CCOO
Sobre la gerencialización del SAE... hacia la ETT con dinero público
Sobre los Estatutos de la Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo.
El cambio de régimen jurídico del actual Servicio Andaluz de Empleo (que pasa de ser Organismo Autónomo a ser Agencia Administrativa de Régimen Especial) tiene como motivo teórico el desarrollo de sus funciones de un modo más eficiente, así como el de suprimir los entes que orbitan a su alrededor, tal y como se dispone en el decreto-ley queregula su creación, para lo que se dispone a aglutinar en sus filas a todo el personal de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo y a los directores de la UTEDLT’s (uniones territoriales de empleo y de desarrollo local y tecnológico). Ni en el Decreto-Ley 5/2010, de reordenación del sector público andaluz, ni en el borrador de los estatutos de la agencia, se recoge justificación alguna que sustente o legitime la supuesta relación existente entre el citado cambio de régimen jurídico y la futura eficacia o eficiencia del ente de nueva creación, por lo que es más que cuestionable cómo personas que han accedido a sus puestos de trabajo sin pasar por un proceso selectivo de concurrencia competitiva, y que son completamente ajenos al derecho administrativo, puedan administrar con eficiencia y, por encima de todo, con las debidas garantías, un servicio público de calidad.
Lo primero que llama la atención al leer el borrador de los estatutos de la futura agencia es el concepto de calidad del servicio y la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos que se desprende de su articulado:
En primer lugar, la Agencia de Régimen Especial se faculta para “gestionar sus competencias a través de convenios, encomiendas de gestión o contratos con sujetos privados”, tal y como se recoge en su artículo 6.1, o a través de entidades colaboradoras, lo que se recoge en su artículo 6.2. En el marco de las competencias asumidas en lo referente a la intermediación entre ofertas de empleo y demandas, orientación laboral y gestión de empleo en general, y puesto que a través de la Red Trabaja, web del Servicio Público de Empleo Estatal, ya se suscriben convenios con Empresas de Trabajo Temporal, es más que obvio que la nueva agencia del S.A.E. se dispone a llevar a cabo sus funciones, al menos en gran medida, a través de las citadas E.T.T.’s. Esto es coherente con el concepto de calidad que se promulga en los objetivos del contrato de gestión de la agencia: concretamente el artículo 23, que habla de dicho contrato de gestión, dice en su apartado 2 que “los objetivos deberán tener asociados indicadores que permitan conocer los resultados obtenidos de forma significativa y cuantificable”, lo que deviene en una forma de concebir la gestión del empleo inmediatista y orientada a la consecución de objetivos a corto plazo.
A la vista de todo lo anterior, el resultado de basar los objetivos del servicio público de empleo en indicadores cuantificables es que los estándares de calidad del servicio consistirán en el número de contratos suscritos por año, lo que supondrá que se busque el mayor número posible de contratos para justificar el altísimo gasto de la agencia, en detrimento de la calidad de los mismos. Atendiendo al concepto de calidad del empleo consistente en su estabilidad, su retribución y sus condiciones justas y acordes a los convenios colectivos y a los contratos que se celebren, es lógico pensar que la búsqueda de un empleo de calidad, desde este prisma de calidad enfocada al ciudadano, es incompatible, como en muchos otros servicios públicos, con la gestión por objetivos, puesto que es más difícil, más tediosa y más lenta la búsqueda de la calidad de los contratos de trabajo que la búsqueda de la cantidad indiscriminada, máxime en el marco de la gestión a través de convenios con empresas de trabajo temporal, que primarán, como está en su naturaleza, la mínima duración de los contratos de trabajo para maximizar el número de ellos.
Estos son los artículos más destacables del borrador de los estatutos de la agencia del S.A.E., cuyo contenido se pasa a resumir:
Artículo 6.1. Formas de gestión a través de convenios o contratos con sujetos privados, lo que abre la puerta a la gestión de empleo a través de convenios con empresas de trabajo temporal.
Artículo 6.2. Prestación de servicios por entidades colaboradoras. Ídem de lo anterior.Artículo 7.2. La agencia elaborará su propia carta de servicios, de acuerdo con las previsiones del contrato de gestión.
Artículo 19. Oficinas de Empleo. Sus funciones, organización y localización serán establecidas por la agencia. Esto implica la posibilidad de decidir y reorganizar las funciones que se llevan a cabo en las Oficinas de Empleo, de cara a justificar las reordenaciones de personal, auténtico objetivo de la reordenación.Artículo 23. Del contrato de gestión. Definirá objetivos y resultados; dice en su apartado 2 que los objetivos deberán tener asociados indicadores que permitan conocer los resultados obtenidos de forma significativa y cuantificable. El contrato de gestión tendrá una vigencia de dos años. La calidad basada en objetivos cuantificables supone un inexorable detrimento de su calidad, lo que es más acusado en la gestión de un servicio público con es el relativo al empleo, pues la búsqueda de la calidad y la estabilidad en el empleo es un objetivo que debe establecerse a largo plazo.Artículo 24. Del plan de acción anual. El plan anual, en el marco del contrato de gestión, también deberá tener en sus objetivos unos indicadores asociados que permitan conocer los resultados obtenidos de forma significativa y cuantificable. Esta es la imagen de eficiencia que se pretende exportar.
Artículo 35. Personal de la Agencia. En su apartado 1. La Agencia es competente en materia de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción, ordenación, provisión de puestos y movilidad de su personal. En su apartado 4, dice que el personal laboral se rige por la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el Convenio Colectivo que le sea de aplicación y por el contrato de trabajo.
Artículo 37.2. La selección del personal laboral se hará por la propia agencia, mediante convocatoria pública.
Artículo 40. Evaluación del desempeño. La agencia dispondrá de sistemas que permitan la valoración y control de la conducta profesional y del rendimiento o logro de resultados del personal a su servicio. Esto abre la puerta a la presión por parte de los directivos de la agencia para que los empleados de la misma actúen de acuerdo a sus principios aunque vulneres derechos fundamentales o sean ilegítimos desde el punto de vista administrativo.
En lo tocante al Plan Inicial de actuación:
En ningún momento explica o justifica la necesidad del cambio de régimen jurídico, quedando tan sólo una indicación o descripción de que se va a llevar a cabo. Como objetivos estratégicos, nos indica los siguientes:
Mejorar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo en Andalucía
Mejorar la empleabilidad en Andalucía
En el marco del primero, describe como objetivos operativos mejorar los procesos de funcionamiento interno de la agencia, creando un registro central y registros auxiliares, que ya existían en el SAE, y la elaboración de un mapa de procesos y de un plan de calidad, para lo cual elaborará su propia carta de servicios. ¿Cuáles serán esos procesos y con base en qué criterios se elaborará dicha carta? ¿Serán objetivos y estarán basados en el interés general? También se habla de la elaboración de un Código Ético y de la implantación de nuevas tecnologías, sin desarrollar en lo más mínimo cómo van a contribuir a la mejor prestación del servicio, y lo que es más grave, en qué son novedosos estos objetivos y, la pregunta de preguntas, por qué es necesaria para su implementación un cambio de régimen jurídico.
En lo que respecta al segundo objetivo estratégico, dice el plan inicial que se reforzarán las políticas activas de empleo, con incentivos a la contratación por cuenta ajena (donde ya existía el programa de incentivos al empleo estable) y el fomento del autoempleo. Por otra parte, propone la formación para el empleo y la intermediación entre la oferta y la demanda, funciones que actualmente ya se desarrollan en el SAE, y la orientación profesional, actualmente llevada a cabo por los trabajadores y trabajadoras del programa Andalucía Orienta, acerca de los cuales no se han pronunciado aún. De nuevo, no se explica sobre qué precepto se sustenta la necesidad de llevar a cabo un cambio en el régimen jurídico del actual organismo autónomo, o agencia administrativa, en la que ya no se justificaba en modo alguno por qué las funciones que asumía no se integraban en la consejería de empleo, comenzando desde su creación el distanciamiento injustificado de la administración central.
A continuación se adjunta la tabla de los que van a ser los recursos humanos de la agencia, en la que se aprecia con toda claridad la procedencia del personal, especialmente en servicios centrales, donde el personal procedente de la FAFFE será aplastantemente mayoritario, con lo que queda de manifiesto quiénes elaborarán los planes, definirán los objetivos, con sus respectivos indicadores de evaluación de cumplimiento, trazarán las líneas de actuación y realizarán los convenios de colaboración y contratos con las anteriormente citadas entidades colaboradoras. A todo lo anterior se suma que el personal directivo de la agencia tendrá, según se recoge en el artículo 39.3 del borrador de los estatutos de la misma, el régimen jurídico de personal directivo profesional, tal como se menciona en el artículo 13 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, para lo que no será necesario que tengan la condición de personal funcionario, y cuyas condiciones de empleo no será materia objeto de negociación colectiva, como dice el apartado 4 del citado artículo 13, además de que en caso de ser personal laboral, tendrá la relación laboral de carácter especial de alta dirección. A la luz de todo lo visto, no cabe la menor duda de que la dirección de la Agencia Administrativa de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo será llevada a cabo, al menos en gran medida, por personal directivo de la FAFFE absorbido por la agencia.
domingo, 7 de noviembre de 2010
lunes, 1 de noviembre de 2010
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ANTE EL PACTO
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO CON RESPECTO AL DECRETO LEY 5/2010 DE MEDIDAS URGENTES DE REORDENACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y AL ACUERDO DE REFORMA DEL MISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON LOS SINDICATOS UGT Y CCOO.
1.- ¿Qué se oculta tras el Decreto-Ley?
El Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, actualiza los postulados ya recogidos en la Ley de Administración Pública de la Junta de Andalucía (L.A.J.A.), profundizando su tendencia ya fuertemente marcada a la huida del Derecho Administrativo, al vaciado de competencias en el seno de las diferentes Consejerías y al engorde de las funciones de las agencias en aras de una supuesta eficiencia.
Para entender el Decreto tenemos que partir del estudio de la L.A.J.A., ésta, una vez reformada recoge tres tipos de agencias que participando de la naturaleza jurídico pública que constituyen la llamada Administración Institucional y suponen en la práctica descender en escalones de garantías laborales y de servicio público:
- En primer lugar, regulan las llamadas Agencias Administrativas, similares a los Organismos Autónomos, que prestarán servicios dentro de la ejecución de competencias propias de alguna Consejería, y donde el régimen aplicar al personal y a l@s directiv@s viene a ser el mismo que al del resto de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, es decir, estamos ante altos cargos nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno y personal funcionario o laboral del VI Convenio Colectivo. Tan solo existe alguna salvedad en cuanto a régimen de acceso y provisión de puestos, donde podrá ajustarse a las peculiaridades de las funciones desempeñadas por esta agencia. Este primer escalón, si bien supone en lo conceptual una separación de la Administración no implica grandes diferencias
- En un segundo escalón, nos encontramos con las Agencias Administrativas de Régimen Especial (AREs), éstas si que suponen una primera pérdida patente en derechos laborales y en calidad del servicio a prestar; aquí l@s directiv@s NO son ya altos cargos, sino personal sujeto al régimen laboral especial de alta dirección, y el personal será funcionario o laboral; al personal laboral le será de aplicación la normativa relativa a l@s funcionari@s de la Junta de Andalucía, pero con salvedades: si bien los conceptos retributivos son los mismos que el resto del personal funcionario al servicio de la Junta, las CUANTÍAS se determinarán en un concreto contrato de gestión que la Junta firmará con las Agencias. Por otro lado, y esto no solo afecta a los derechos laborales sino específicamente a la prestación del servicio, en estas agencias la lógica de trabajo será mediante el establecimiento/consecución de objetivos, es decir, una lógica cortoplacista. En cuanto al resto de personal, será laboral, sujeto a OEP (Oferta de Empleo Público) pero los criterios de selección estarán determinados desde la propia agencia.
- Por último las Agencias Públicas Empresariales (APEs), que son la gran apuesta del Decreto Ley, aquí el régimen es privado, el personal laboral y los directivos sujetos al régimen laboral especial de alta dirección. Los funcionari@s cuyos puestos queden dentro del marco de funciones de estas agencias podrán elegir pasar como laborales a éstas (quedando en situación administrativa de excedencia por incompatibilidad) o bien permanecer con su condición de funcionari@, en este caso nos podremos encontrar con ausencia de funciones (ya que la mayoría están en las agencias) siendo ésto un primer paso para terminar de desacreditar el empleo público, o bien nos encontraremos con adscripciones “forzosas” a las agencias, ya que, el desempeño de potestades administrativas en las APEs quedará a cargo de personal funcionario, que DEPENDERÁ FUNCIONALMENTE de la agencia, sujetos a sus instrucciones y órdenes de servicio, a la jornada y horario que en ellas se decida y la cual además tendrá potestades disciplinarias contra ell@s. Aquí por supuesto, la prestación de los servicios por ley obedecerá a criterios de gestión empresarial.
Pero junto a la regulación de las figuras, el Decreto Ley pone en marcha esta relativamente nueva Administración Institucional, y crea siete agencias (a las que se integrarán el personal que actualmente presta servicios en múltiples empresas públicas o fundaciones), que engordan sus competencias a costa de vaciar las propias de las Consejerías, y en las que hay como decimos un claro modelo vencedor, las APEs, siendo éstas cinco de las siete creadas. La creación de nuevas agencias además será a partir de ahora mucho mas fácil, por Decreto en lugar de norma con rango de ley, por lo que esto no es sino un aviso al advenimiento de nuevas agencias en las competencias que aún residen en las Consejerías.
Por último, el famoso Decreto Ley modifica la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía permitiendo la enajenación de bienes afectos al servicio público, con la intención de posibilitar el endeudamiento vía empresas públicas y posicionar el problema de falta de crédito en un incierto futuro.
2.- ¿Por qué nos oponemos a él?
Más allá de examinar aquí las condiciones de urgente necesidad que fundamentan la adopción de la fórmula del Decreto Ley, existen razones de peso que justifican por qué somos contrarios a su contenido:
- Porque creemos que es posible y necesario la defensa de un servicio público objetivo, imparcial, planificado a largo plazo, y que defienda el interés general, que se preste mediante la gestión directa por parte de la Administración Pública.
- Porque se cambia de manera radical la estructura de la Administración Pública apostando por las Agencias Públicas Empresariales como vehículo principal de prestación de los servicios. Estas agencias están sometidas al derecho privado en su actuar y al derecho laboral de sus trabajador@s, lo que conlleva la pérdida de la objetividad, la imparcialidad y la independencia de los funcionarios públicos cuando sus informes técnicos sean sometidos a las instrucciones y órdenes de servicio de la dirección de la agencia (que recordemos no son altos cargos de la Administración, sino personal laboral sujeto al régimen especial de alta dirección), de quienes dependen funcionalmente, estando sujetos a estas direcciones en lo que se refiere a régimen retributivo, jornada y horario y régimen disciplinario. Es decir supone una quiebra del modelo de Administración concebido desde nuestro Estado de Derecho.
- Porque las “técnicas de gestión empresarial” que se preconizan son esencialmente incompatibles con la idea de administración pública: mientras la empresa busca el resultado a corto plazo, la administración, como señalara el artículo 13 de la Constitución de 1812, debe buscar la felicidad de los ciudadan@s
- Porque no supone un ahorro presupuestario, sino que por el contrario supone un gasto añadido de mantenimiento de las distintas agencias.
- Porque se vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública; ya que si bien es absolutamente loable la defensa/mejora de las condiciones laborales de l@s trabajador@s que presten servicios en los diferentes entes, ello debe ser independiente del hecho de dotar de naturaleza jurídico pública a sus funciones.
- Porque se dilapida el patrimonio de todos y todas las andaluzas con la modificación de la Ley de Patrimonio.
Por otro lado el reciente acuerdo firmado entre los sindicatos UGT y CCOO con la Junta de Andalucía, no modifica en nada el esquema de prestación de servicios antes denunciado, y solo incorpora garantías puntuales para funcionari@s y laborales. Por eso no es éste ninguna solución, máxime si recordamos que en base a lo dispuesto en el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, todo acuerdo puede dejar de aplicarse cuando las circunstancias económicas así lo requieran.
3.- ¿Cuáles son las alternativas que proponemos?
Desde la Asociación no defendemos un modelo inmovilista de Administración Pública, somo conscientes de los graves déficits de esta y de la imperiosa necesidad de revitalizar la confianza de la ciudadanía en ella, restaurando su papel en la sociedad y su actuar en la mejora de las condiciones de vida de los y las andaluzas. Para ello entendemos que debe arrancar un profundo proceso de diálogo con la ciudadanía y los empleados públicos en el que más allá de los discursos impuestos por los ultraliberales gestores “socialistas” se tengan en cuenta las siguientes cuestiones:
- La Administración se ha convertido en un botín de la guerra electoral de turno, no en un instrumento de servicio al ciudadano. La partidización del aparato administrativo, que fuerza la orientación de objetivos a la retórica electoral desvía ingentes esfuerzos del aparato institucional y no pocos recursos humanos que debieran orientarse a la ejecución de políticas y servicios públicos. Por ello una administración más eficaz será una administración más independiente de los partidos políticos. Propugnamos la eliminación de cargos públicos políticos hasta el nivel de Consejero.
- Tan sólo quienes no ven amenazada su continuidad en el puesto por la tiranía del resultado a corto plazo o electoral pueden desarrollar esquemas de rendimiento a medio largo plazo, tales como los referentes a la transformación profunda de la educación, el tejido laboral, los patrones de ocio, el urbanismo y el medioambiente o la alfabetización digital. Es por esto que apostamos por una organización institucional democrática en la que la promoción interna hasta las más altas cotas no dependa de la designación partidista del gobernante de turno, sino del criterio de los empleados públicos y los y las ciudadanas receptores de los servicios sujetos evaluación.
- El Estado de Derecho debe articularse sobre la transparencia y neutralidad política de la Administración, y la neutralidad administrativa de la dirección del Gobierno, exigiéndose a unos las responsabilidades disciplinarias que procedan y a otros las responsabilidades políticas por la gestión del servicio público, sin excluir la posible responsabilidad penal a ambos.
- Entendemos que la función pública existe en la medida que exista el servicio público, de tal manera que el fortalecimiento y la calidad del servicio público deben ser siempre nuestra bandera.
- Defendemos el acceso en condiciones de igualdad de todos y todas a la gestión de lo público, de lo que es de tod@s.
- Defendemos el modelo organizativo antiliberal, la prestación del Servicio Público por la propia Administración Pública en todos los sectores de la actividad en que ello sea posible, como la sanidad, la educación o la prestación asistencial. La gestión más eficaz en igualdad de condiciones la prestará siempre aquel que puede ahorrarse la más importante de las partidas de gasto: el beneficio empresarial, para emplearlo en mejorar las instalaciones, la calidad de los servicios o las condiciones laborales de los empleados.
- Eficacia y eficiencia se pueden alcanzar a través de la actividad de la Administración pues en muchas de sus actividades es posible alcanzar los objetivos previstos con los propios recursos de que se dispone: si entendemos por eficacia conseguir los objetivos pretendidos, lo primero a realizar es la concreción de esos objetivos por los órganos directivos (“qué buen vasallo si tuviera buen señor”) y si entendemos por eficiencia que la consecución de esos objetivos conlleve el adecuado gasto en su consecución, no es necesario hacerlo a través de modelos gerenciales que únicamente pretenden la rentabilidad económica.
Así, mediante este comunicado aspiramos a contribuir al rechazo del Decreto Ley 5/2010, e iniciar un debate sincero, profundo y abierto a toda la ciudadanía en el que sentemos las bases de un servicio público integral, de calidad, participativo y que persiga en todos sus extremos el interés general.
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