reflexión de un compañero

No es sólo el decreto ley 5/2010. Con la excusa de la crisis y la supuesta necesidad de reducción del déficit público a través del recorte del gasto se suceden las medidas destinadas a reducir la relevancia del papel de los funcionarios en la administración.

En un país en el que los empresarios dicen ganar menos que sus empleados, donde la economía sumergida se cifra en un 16% del PIB y son alarmantemente frecuentes los casos de políticos corruptos, curiosamente la peor reputación la tienen los funcionarios, hasta el punto de que el 45% de la población se alegra de que nos bajen el sueldo. Se culpa de los defectos de funcionamiento de la administración a sus trabajadores que acceden a su puesto de trabajo por sistemas objetivos de selección, en lugar de a la cúpula directiva a la que no se exige capacidad ni conocimientos, que tiene la responsabilidad de dirigir la administración y dispone de los mecanismos legales para asegurar el cumplimiento de las normas.

La sociedad desconoce la importancia del papel de la función pública como garante de la legalidad y la independencia de la administración. Tampoco es consciente del alcance de la motivación que los dirigentes políticos puedan tener en poder designar y cesar discreccionalmente a la mayor parte posible de sus subordinados.

En este contexto, los legítimos esfuerzos de los funcionarios por defender nuestros derechos laborales son percibidos como la defensa de la perpetuación de una situación de privilegio. Por tanto, es imprescindible que esta movilización se concentre en transformar la percepción que la sociedad tiene de nuestra función y que cuidemos mucho cómo transmitimos el mensaje para evitar tergiversaciones y acciones que provoquen rechazo social.

Lo estamos haciendo bastante bien, pero en esto necesitamos rozar la perfección.

Juan.