Sevilla.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy un decreto ley para aplicar una rebaja salarial media del 5 por ciento en las retribuciones de unos 245.000 trabajadores de la administración autonómica, de salud, de la docencia no universitaria y de Justicia.
Sevilla.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy un decreto ley para aplicar una rebaja salarial media del 5 por ciento en las retribuciones de unos 245.000 trabajadores de la administración autonómica, de salud, de la docencia no universitaria y de Justicia.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha afirmado que son medidas "difíciles y dolorosas" y "no son gratas ni para los ciudadanos ni para el gobierno", pero son "imprescindibles" para el proceso de recuperación económica.
La consejera ha reiterado la voluntad de la Junta de aplicar los recortes salariales a los trabajadores de las sociedades mercantiles del sector público andaluz (unos 40.000), si bien lo harán a través del diálogo social porque el decreto aprobado hoy no alcanza a este colectivo.
No obstante, la Junta ha incluido en el decreto, aprobado hoy, un ajuste del gasto de las sociedades mercantiles mediante la no disponibilidad del cinco por ciento de los créditos, con lo que de manera indirecta les obliga a recortar gastos.
"No es razonable que el esfuerzo no se aplique al conjunto de los trabajadores del sector público", ha alegado la consejera para defender que se extienda también a los trabajadores de las empresas públicas, aunque se tiene que negociar vía convenio colectivo.
En este sentido, Aguayo ha dicho que no contempla el escenario de que no haya acuerdo con los representantes de los trabajadores de las sociedades mercantiles y expresó su confianza en los gestores y en la parte social.
También negociará la Junta con los sindicatos de la enseñanza concertada la aplicación de dichos recortes salariales, ya que, según la consejera, hay un acuerdo que sirve de base para aplicar al personal docente del sector público y del privado el mismo criterio.
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